sábado, junio 03, 2006

Ratificada privativa de libertad contra Eduardo Lapi por presuntos hechos de corrupción

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Eduardo Lapi... encanao por denuncias de CORRUPCIÖN
Foto: EM
A solicitud del Ministerio Público, el Tribunal 2° en funciones de Control del estado Yaracuy ratificó la medida privativa de libertad contra el ex mandatario regional de esa entidad, Eduardo Lapi, por presuntas irregularidades en la ejecución de la obra vial La Trinchera, que habría ocasionado daño patrimonial a la nación.

En la audiencia de presentación, el fiscal 51 nacional con competencia plena, Gonzalo González Vizcaya; el fiscal en materia de Salvaguarda con competencia especial en bancos, Alejandro Castillo, y la 10° de Yaracuy, Rosario Herrera, precalificaron los delitos de evasión de procedimientos licitatorios, concierto de contratistas y tráfico de influencias.

El Ministerio Público solicitó que se ratificara la privación de libertad y que el imputado fuera recluido en la sede nacional de la Dirección General de los Servicios de Inteligencia y Prevención (Disip), a fin de garantizarle su seguridad. No obstante, el juzgado acordó como sitio de reclusión el Internado Judicial de Yaracuy; mientras transcurre el lapso correspondiente para la presentación del acto conclusivo.

Fiscales apelarán decisión sobre Torres Durán

También fue presentado ante el Tribunal de Control el ciudadano Freddy Torres Durán, una de las personas sobre quien pesaba una orden de aprehensión, la cual fue ejecutada este miércoles 31 de mayo en horas de la mañana en el estado Lara.

Los fiscales precalificaron el delito de certificación falsa, según el artículo 77 de la Ley Contra la Corrupción, en concordancia con el artículo 84, numeral 3, del Código Penal, como cómplice necesario en el delito de concierto de funcionarios con contratistas. Sin embargo, el Tribunal 2° de Control de Yaracuy acordó la libertad plena, medida que será apelada por los fiscales González, Castillo y Herrera en el lapso legal correspondiente.

Vale recordar que Eduardo Lapi fue aprehendido por funcionarios de la Disip el martes 30 de mayo en horas de la madrugada, en una residencia ubicada en la urbanización Bella Vista en la ciudad de San Felipe.

La investigación acerca del presunto sobreprecio de pagos de contratos de obras y servicios, en relación con la construcción de La Trinchera, se inició ante la denuncia efectuada el 09 de marzo de 2005, por el actual gobernador de Yaracuy, Carlos Jiménez.

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