Arranca estudio del Proyecto Ley de Elección de Representantes Indígenas a Cuerpos Deliberantes

(Caracas, 31-5-06) La discusión de 10 artículos del Proyecto de Ley Orgánica de Elección de los Representantes Indígenas a Cuerpos Deliberantes y el informe sobre el caso del Asentamiento Campesino “Raúl Leoni” del municipio Jesús María Semprum, estado Zulia y de la Cooperativa Faraones de Juyá, fue tratado este miércoles en La Comisión de Pueblos Indígenas, presidida por la diputada Noelí Pocaterra (Conive/Región Occidental).

A la reunión asistieron los parlamentarios: Arcadio Montiel (Podemos/Zulia), José Poyo (Conive/Región Oriental), Nicia Maldonado (Fundacidi/Región Sur), Julio Harón Ygarza (Independiente/Amazonas), Saúl Castellanos (MEP/Zulia), Luis Enrique González (Conive/Zulia), Raiza Alfonso (CUP/Portuguesa) y José Gregorio Mirabal (Puama/Amazonas).

Pocaterra informó que se analizaron diez artículos del Proyecto de Ley Orgánica de Elección de los Representantes Indígenas a Cargos de Representación Popular.

Dijo que el artículo 1 se refiere al objeto de esa normativa legal “la presente ley tiene por objeto regular el proceso para la elección de representantes indígenas a los cargos de elección popular en el ámbito nacional, estadal, municipal y parroquial, en concordancia a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y demás leyes que sean aplicables”.

La parlamentaria también se refirió a que en la Carta Magna aparecen en el preámbulo y en el Capítulo VIII: De los derechos de los pueblos originarios.

Caso Cooperativa

El diputado Poyo leyó el informe preliminar del caso que investiga la Subcomisión Especial que preside, referente a la situación que atraviesan indígenas y campesinos del Asentamiento Campesino “Raúl Leoni”, porque sus tierras por Carta Agraria se las dieron a la Cooperativa Faraones de Juyá, por el Instituto Nacional de Tierras (INTI).

Explicó que en dicho informe se hacen varias recomendaciones, como instar al INTI a que analice exhaustivamente la problemática denunciada, y que actúe con celeridad en sustentación, tramitación y decisión de la revocatoria de la carta agraria, otorgada a esa cooperativa.

Asimismo, que se verifique que las tierras en cuestión son propiedad del referido instituto, y se proceda a regularizar la situación de ocupación de ese territorio en el cual están asentadas las comunidades indígenas y no indígenas, desde hace demasiado tanto tiempo, desarrollando sus actividades tradicionales.

También, solicitarán que se tome en cuenta la Ley Orgánica de Pueblos y Comunidades Indígenas, publicada en Gaceta Oficial No 38344, de fecha 27 de diciembre del 2005.

Por ese motivo, se pide a la Comisión de Demarcación que abra el oficio de procedimientos de la demarcación del hábitat y tierras de los pueblos ancestrales.

Añade que proponen a Corpozulia, Fonzedes y Fondafa a una revisión pormenorizada del otorgamiento de créditos a la cooperativa, así como congelar los otorgados, hasta tanto se dé repuesta a la revocatoria de la Carta Agraria. Además, requieren que la Superintendencia Nacional de Cooperativas (Sunacoop), acelere la investigación sobre esos préstamos.

Igualmente, propondrán a la Guardia Nacional ubicada en esa localidad a velar por el resguardo y protección de esos pueblos originarios, asentados en zonas fronterizas.

Por último, precisó que se exhorta a la Junta Administradora de la Procuraduría Agraria Nacional, a que continúe siendo garante de los derechos de los sectores que representa y velar por el cumplimiento de las disposiciones legales.

En ese mismo orden de ideas, Poyo anunció que para el próximo jueves 8 del mes de junio se invitará a los miembros de la Cooperativa Faraones Juyá para que expongan sus puntos de vista ante esta situación

Arcadio Montiel propuso que debido a los hechos donde perdieron la vida dos personas en ese asentamiento campesino, que se oficie al Ministerio del Interior y Justicia para que acelere la investigación y se le envíe copia del informe preliminar.

Noelí Pocaterra dijo que una vez que esté listo el informe final, se envíe a la Comisión de Contraloría para que analicen el caso.