Líderes políticos de Ecuador celebran anulación de contrato con Oxy

Líderes políticos y expertos económicos de Ecuador celebraron la decisión del Gobierno de anular los contratos con la multinacional petrolera estadounidense Occidental Petroleum (Oxy) y pidieron a las autoridades actuar con rapidez y con firmeza.

Tras 22 meses de trámites, el Gobierno ecuatoriano declaró este lunes finalmente la caducidad del contrato con Oxy, por transferir parte de sus acciones a otra empresa extranjera, la canadiense EnCana, sin el consentimiento del Estado, según recordó Prensa Latina.

El ex ministro de Economía Rafael Correa resaltó que se ganó una batalla judicial, pero advirtió que todavía está pendiente la revisión total de los contratos con las petroleras extranjeras con inversiones en este territorio andino.

«Hay que mantenerse atentos», dijo y advirtió que el Gobierno debe dirigir las mejores negociaciones en defensa de los intereses de Ecuador y cumplir la ley, que establece la repartición equitativa de las ganancias extras por el alto precio del crudo.

Correa, precandidato presidencial por el movimiento Alianza País, señaló que su tolda se mantendrá vigilante pues las autoridades deben actuar con firmeza y con actitud patriótica.

Destacó que durante estos 22 meses de trámites el país perdió más de 5 millones de dólares diarios por el retraso en la declaración de la caducidad por parte del ministro de Energía, Iván Rodríguez.

Al respecto, el abogado y especialista petrolero Augusto Tandazo llamó a la estatal Petroecuador a tomar el control de los bienes, de las instalaciones, de los equipos, de las maquinarias y de los derechos de la compañía Oxy.

Recordó que los artículos 75 y 29 de la Ley de Hidrocarburos y la cláusula 18.6 de ese acuerdo establecen que al declararse la caducidad del contrato, «los bienes y los derechos de la compañía regresan al Estado ecuatoriano sin costo alguno».

Advirtió que incluso el Ministerio de Energía tiene que cobrar las cauciones y garantías de la transnacional, según la legislación vigente.

A partir de este momento, el Gobierno debe decidir la política a seguir respecto a la administración de los campos de la Oxy, compañía que, de acuerdo con lo establecido, no tiene derecho a un arbitraje.

«Todo lo que se diga en contra es nada más para causar confusión, presión y una cierta inseguridad pues el arbitraje no cabe», enfatizó el abogado a medios de prensa internacionales.

Recordó que de acuerdo con estudios realizados, el costo del campo que dejará la petrolera estadounidense es de 12 mil millones de dólares.

Con respecto a las amenazas de ciertos empresarios del país, que ahora hablan sobre una inseguridad jurídica en Ecuador, señaló que las compañías petroleras están advertidas de la necesidad de actuar según las disposiciones de la Ley de Hidrocarburos.