Consejo Legislativo de Anzoátegui solicitó a fiscalía reapertura del juicio por Masacre de Cantaura

Legislador Iran Aguilera

Foto: José Canache La Rosa, Aporrea.org (Archivo)

Caracas, 22 mayo (Prensa Consejo Legislativo Estadal de Anzoátegui).-Este lunes una comisión especial del Consejo Legislativo del Estado Anzoátegui (Clea) integrada por los legisladores Irán Aguilera, quien la preside, Teodoro Guevara, Edgar Carrasco y Alí Muñoz acudieron ante la Fiscalía General de la República en Caracas y solicitó del fiscal general, doctor Isaías Rodríguez, la reapertura del proceso judicial y las investigaciones que sean necesarias para que se haga justicia definitivamente en relación con la Masacre de Cantaura, suceso ocurrido hace 23 años en la jurisdicción del Estado Anzoátegui.

Como se recordará, el día 4 de octubre de 1982 una operación combinada militar-policial represiva masacró de manera abominable a 23 jóvenes venezolanos, entre ellos algunas mujeres, en las cercanías de la ciudad de Cantaura, precisamente en el sitio denominado Mare Mare.

Con una misión indigna y macabra de exterminio humano aviones Bronco dejaron caer un intenso bombardeo con los cuales dispersaron y aniquilaron al grupo de jóvenes estudiantes reunidos en la zona (militantes todos de la agrupación otrora revolucionaria Bandera Roja), seguidamente un grupo comando de la Disip entro en acción descargando fuego de metralla contra el grupo que se encontraba totalmente desarmado, el cual fue vilmente masacrado con ventaja, premeditación y alevosía utilizando una amplia gama de armas de alto calibre, bombas de barrido y mortero.

La característica monstruosa de tan alevoso crimen también se manifestó cuando los heridos terminaron rematados con saña, ajusticiados en medio de una brutal cacería con tiros de gracia.

La prensa de la época reseña que los cuerpos sin vida de los 23 jóvenes, muchos de ellos desmembrados y/o decapitados, fueron sepultados en una fosa común en la ciudad de El Tigre sin la autopsia de ley. De allí que se deduzca que esa acción se inspiró en la doctrina de Seguridad Nacional enunciada en su momento en el documento Santa Fe 1 del gobierno imperialista de Ronald Reagan que buscaba acallar con el terror y la desmovilización social a los pueblos oprimidos de América Latina.

El Consejo Legislativo del Estado Anzoátegui considera que ese crimen califica en los tipificado de lesa humanidad debido a sus características, y en tal sentido no prescribe jamás como lo establece la Constitución y los acuerdos internacionales que ha suscrito la República.

"Es por eso que le decimos a la justicia venezolana que está con una seria deuda con nuestro pueblo y que tiene el deber moral de saldarla castigando ejemplarmente a los culpables, quienes andan por las calles venezolanas en libertad y hoy de manera cínica se desgarran las vestiduras en una supuesta lucha en defensa de los derechos humanos con la cual pretenden enlodar al gobierno revolucionario del Presidente Hugo Chávez Frías", declaró Aguilera..

La solicitud de los paralamentarios regionales señala como responsables de ese crimen a Luis Herrera Campins, expresidente de la República de Venezuela en el momento cuando ocurrieron los hechos, y a sus funcionarios: general Vicente Narváez Churión, ministro de la defensa; Rafael Machado Santana, director de la DIM; Luciano Valero, ministro de Relaciones Interiores; Remberto Uzcategui director de la Disip. A los ejecutores directos: Arpag Bango, José Domínguez Yépez, Henry López Sisco, Rodríguez Hurtado, y otros funcionarios civiles y militares y a las comisiones de la Disip y DIM que actuaron en tan abominable hecho que avergüenza el gentilicio venezolano por ser un acto cobarde que se opone a la valentía y el honor que ha demostrado el pueblo venezolano a lo largo de su histotria.