Puerto Rico: Revuelto el país ante anuncio de cierre de agencias

.

De golpe 160.000 trabajadores han quedado cesantes

Foto: Claridad PR

Perla Franco
CLARIDAD
pfranco@claridadpuertorico.com

Se cierne sobre el pueblo la amenaza del posible cierre de las agencias de gobierno a partir del 1ro. de mayo, día en que también la clase trabajadora mundial celebra el Día Internacional de los Trabajadores.

Y no es que se trate sólo de que el gobernador Aníbal Acevedo Vilá haya anunciado que no tiene dinero para la nómina de unos 160 mil empleados públicos y que por ende, según alegó el primer mandatario, si la asamblea legislativa, específicamente la Cámara de Representantes, no aprueba varias medidas esta semana que otorguen al ejecutivo los dineros para atender el alegado déficit de este año fiscal, el gobierno cerrará sus puertas excepto en agencias como la Policía, Corrección, Salud y las Corporaciones Públicas.

Se trata de que si se otorga al gobierno central el préstamo de $638 millones para cubrir gastos de nómina además de otros gastos de funcionamiento, su aprobación está condicionada a que se apruebe el impuesto al consumo de un siete por ciento para garantizar el pago de ese préstamo. En fin, que por esa vía, otorgar el préstamo implicará la imposición del impuesto que tanta oposición ha generado principalmente en los trabajadores que ya tienen sobre sus hombros los recientes aumentos en productos de primera necesidad. Mientras, el secretario de Hacienda, Juan Carlos Méndez advertía que para cuadrar el presupuesto podría estar usando las reservas de $500 millones que deberían ser para el reintegro a de las planillas, y a esto añadió que las proyecciones de ingreso para el próximo año fiscal podrían aumentar a $9,684 con la aprobación de la reforma contributiva basado en el impuesto del siete por ciento.

Pero, ¿qué se propone hacer el pueblo ante esta situación? Al cierre de esta edición existían varias propuestas aún cuando los diversos sectores seguían discutiendo otras posibles respuestas.

Acciones del pueblo

Anunciado el posible cierre del gobierno, especialmente del Departamento de Educación, tanto la Asociación de Maestros de Puerto Rico (AMPR) como la Federación de Maestros de Puerto Rico (FMPR) respondieron con un no rotundo al cierre de las escuelas, que afectarían directamente a 75 mil empleados y más de 600 mil estudiantes.

La AMPR convocó una Marcha para el jueves 27 de abril desde la 4:00 de la tarde desde el Capitolio hasta la Fortaleza con la consigna “gobiernen con respeto a nuestro pueblo”. En una “convocatoria abierta”, la AMPR indicó que ante el anuncio del cierre al DE, “esto significa que los empleados estaremos listos para trabajar el lunes 1ro, de mayo, pero el patrono no abrirá, quitándonos la posibilidad de ejercer nuestro trabajo y recibir nuestro salario. De igual forma nuestros estudiantes se quedarán sin el pan de la enseñanza”. A esas declaraciones, añadieron, “no podemos quedarnos cruzados de brazos, demostremos nuestra indignación y rechazo al cierre patronal”.

La FMPR también repudió la acción gubernamental catalogándola como un “atentado brutal contra los derechos de los maestros y empleados públicos”. Advirtieron que estarían movilizando a su matrícula a las “múltiples actividades de presión” además de un piquete concentración que realizarán el viernes 5 de mayo, Día del Maestro, a las 11:00 de la mañana frente al Capitolio.

La Organización Nacional de Directores de Escuela de Puerto Rico (ONDEPR) hizo lo propio. En un comunicado de prensa de su presidente Luis Felipe Díaz, catalogaron de “irresponsable y bochornoso que se haya creado esta crisis en las escuelas”, a la vez que exhortaron a los Directores “a estar atentos a la situación imperante y a defender sus empleos junto a todos los trabajadores de educación”. Indicaron que estarían haciendo convocatorias “para hacer frente a la problemática que ha causado el gobierno”.

“Por el momento, exhortamos a los Directores a que no se presten al juego del Gobierno y no se reporten a trabajar el próximo lunes, 1ro. de mayo si es que el Gobierno insiste en cerrar las escuelas y dejar trabajando a los Directores de Escuelas sin paga en los planteles escolares”, terminó diciendo Díaz.

Otra de las actividades de protestas anunciadas fue la de miembros sectores artísticos iniciada por los animadores Antonio Sánchez y Funky Joe. Ambos indicaron que el propósito de la convocatoria era que el pueblo en general presionara a las ramas legislativas y ejecutiva a que resolvieran el problema fiscal. Esta marcha se realizará el viernes 28 de abril hacia el Capitolio desde tempranas horas de la mañana. Advirtieron que no aceptarían la participación de políticos “ya que la manifestación no tomará posturas respecto a las alternativas propuestas por la rama legislativa o ejecutiva”. Indicaron que “lo que queremos es que se pongan de acuerdo y nos den soluciones. Le vamos a demostrar que hay un pueblo unido que está reclamando acción”. A ellos se unieron los artistas Richie Ray y Bobby Cruz, quienes exhortaron a través de una emisora de música de salsa a que la comunidad cristiana se uniera a la manifestación.

También para el viernes, el Sindicato Puertorriqueño de Trabajadores (SPT), quien tiene al menos 15 mil representados en el DE, convocó una marcha a las 4:30 de la tarde frente al Capitolio que llegaría hasta la Fortaleza. Anunciaron que podrían estar convocando además a manifestaciones en la zona bancaria, conocida como la Milla de Oro y en el centro comercial Plaza Las Américas, en donde adujeron, se encuentran los también responsables de la actual crisis que no han querido aportar a la solución del problema fiscal. Lo mismo estarían dispuestos a hacer con protestas frente a megatiendas, como es el caso de Wal-Mart.

La portavoz del capítulo del SPT en la Rama Judicial, Nilda Ruiz, apelaba a que los empleados no trabajaran gratis si la Administración de Tribunales tomaba medidas de cesantía contra cualquier empleado para alegadamente atender la crisis presupuestaria gubernamental.

También el SPT dijo estar dispuesto a realizar actos de “desobediencia civil pacífica” de la situación continuar sin resolverse. Advirtieron además su intención de acudir a los tribunales en busca de una orden para paralizar el cierre del DE. No quisieron dar detalles adicionales de futuras estrategias ante las medidas del gobierno contra los empleados públicos.

Igualmente la Coordinadora Sindical (CS), que reúne a unas 15 organizaciones, anunció que estaría realizando la tradicional marcha del Día Internacional de los Trabajadores el 1ro. de Mayo con una concentración que saldrá del Departamento del Trabajo y pasará por la Milla de Oro hasta llegar a las Avenidas Chardón y Muñoz Rivera. Con esa manifestación la CS quiere hacer patente que la crisis se podría remediar con la imposición de mayor tributación a la banca, a las instituciones financieras, además de las ganancias de capital y a las grandes empresas, sobre todo, en este momento que el gobierno alega tener una profunda crisis.

La CS ha hecho al menos cuatro recomendaciones específicas para atajar el problema fiscal del gobierno: que tribute cinco por ciento las corporaciones que repatrian al menos $30 billones de dólares fuera del país libre de contribuciones; que en lugar de imponer el impuesto de consumo se aumente de 6.6% a 7 por ciento el arbitrio a todos los productos que entran al país sin excluir ningún producto, como sucede ahora; que se aumente la tributación de la banca al 20 por ciento como era antes de que la ex gobernadora Sila Calderón la redujera proveyéndole un alivio contributivo; y que se desarrolle una verdadera reforma contributiva que represente un alivio real a la clase trabajadora. La CS además informó su tajante oposición a cualquier tipo de impuesto sobre la venta que dijeron se solventaría con las medidas que proponen. A eso le han llamado la cuarta propuesta, por ser alternativas fuera de la de los tres partidos políticos.

Por su parte, la Federación de Trabajadores de Puerto Rico (FTPR/AFl-CIO) ya había anunciado que realizaría su celebración del 1ro. de mayo en una manifestación frente al Capitolio para reclamar acción a los legisladores y exigir que tributen más los que más tienen. Impulsarán medidas de mayor tributación a la banca, las megatiendas, y los grandes intereses económicos y los ricos; recomendaciones que llevan haciendo a ambas ramas de gobierno desde hace casi un año.

De otro lado, ante la desesperación que creó un rumor de que se podría ver afectada la disponibilidad de gasolina y que llevó el martes en la tarde a miles de personas a abarrotar las gasolineras, el Frente Amplio de Camioneros aclaró que aunque podrían unirse a las distintas manifestaciones de protesta que se realicen en el país, de tomar medidas que pudieran afectar el suministros de gasolina, estarían notificándolo al país antes de que sucediera. Aclararon que ése no es el caso, al menos por ahora.

Por su parte, la administración del Recinto de Río Piedras de la Universidad e Puerto Rico anunció que ante la posibilidad de que se les suspenda la remesa que le envía el gobierno central, iniciaría un plan para finalizar el año académico a la vez que intentaría identificar las estrategias para la continuidad de los servicios esenciales en las investigaciones y proyectos que se realizan con fondos extra universitarios. Igualmente anunciaron que tomarían “medidas de mayor austeridad fiscal” para el control de gastos que puedan garantizar el funcionamiento de esa institución.

Entre las medidas austeras indicaron que detendrían el pago a suplidores y contratistas, “nuevas acciones de personal” que pudieran comprometer los recursos disponibles, no se autorizarían ordenes de compra, ni pago de viajes u otros gastos que conlleven horas extras. Sobre posibles cambios en los calendarios de graduaciones, cursos de verano y el inicio del próximo año académico, la Rectora de la UPR de ese Recinto, Gladys Escalona de Motta, se comprometió a mantener informada a la comunidad universitaria.

Otro de los que opinó sobre la medida tomada por el primer ejecutivo fue el secretario del Trabajo, Román Velasco. Éste indicó que ya tiene diseñado un plan de trabajo que brindaría orientación sobre los beneficios por desempleo a los trabajadores que podrían verse afectados por el cierre patronal. Indicó que esa agencia podría proveer, por concepto de seguro por desempleo, hasta un máximo de $133 dólares semanales por hasta dos meses a unos 200 mil empleados.

Por su parte, la Senadora del PIP, María de Lourdes Santiago, propuso un Proyecto de Ley que, de aprobarse, haría posible que el Banco Gubernamental de Fomento autorice el préstamo al gobierno que garantizaría los dineros para el cierre del actual año fiscal, pero en lugar de que se garantice con la imposición del impuesto a la venta del siete por ciento, que sea con una obligación contributiva adicional de sobre cinco por ciento a aquellas corporaciones cuyo ingreso neto sea mayor al millón de dólares.