Más de 600 militares y empleados de EEUU están implicados en abusos y torturas en Abu Ghraib, según un informe

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Más de 600 militares y empleados estadounidenses han sido acusados de abusos y torturas en el centro de detención de Abu Ghraib, al oeste de Bagdad, que afectaron a más de 460 prisioneros.

"Dos años después del escándalo de Abu Ghraib, nuevas investigaciones han demostrado que los abusos cometidos contra los prisioneros de Estados Unidos en Irak, en Afganistán y en Guantánamo suponen una práctica muy extendida", señala el informe "Las cifras hablan por sí mismas". Pese a ello, "Estados Unidos sólo ha adoptado medidas muy limitadas para investigar a los responsables y sancionarlos", añade.

El informe expone las conclusiones del proyecto de investigación sobre los abusos, llevado a cabo conjuntamente desde marzo de 2005 por el Centro para Derechos Humanos y Justicia Global de la Universidad de Nueva York y por las dos organizaciones. "Representa el primer recuento completo de las acusaciones digno de fe sobre los abusos y actos de tortura contra los prisioneros en poder de Estados Unidos", aseguran sus autores.

"Hace dos años, los responsables estadounidenses afirmaron que los abusos cometidos en Abu Ghraib eran aberraciones y que las personas que los habían cometido serían entregadas a la Justicia", declaró la profesora Meg Satterthwaite, directora del Centro para Derechos Humanos y Justicia Global. "No obstante, nuestras investigaciones demuestran que los abusos eran moneda corriente y que pocas personas fueron efectivamente entregadas a la Justicia", añadió.

600 ACUSADOS

La investigación ha permitido recopilar cientos de acusaciones por abusos y actos de torturas presentadas desde 2001. En total da cuenta de acusaciones contra más de 600 militares y empleados estadounidenses, que afectan a más de 460 prisioneros.

Asimismo, revela que numerosos abusos no han sido nunca investigados y que las investigaciones abiertas suelen cerrarse prematuramente o acaban sin una conclusión definitiva. En los casos en que los abusos son corroborados y sus autores identificados por los propios investigadores militares, sus jefes suelen optar por aplicar medidas disciplinarias no judiciales en vez de remitirlos a la Justicia penal militar.

Aparte, entre los casos entregados a la Justicia militar, la mayoría de ellos fueron condenados a penas inferiores a un año de prisión o a sanciones que no implicaban presidio, como la suspensión de sus funciones o la degradación militar.

"Hemos detectado una serie de investigaciones llevadas a cabo con reticencias y que concluyeron en penas leves", declaró el director en Washington de la división de denuncias de Human Rights Watch, Tom Malinowski. "El Gobierno parece más interesado en gestionar el escándalo causado por los abusos cometidos contra los prisioneros que en afrontar los problemas que condujeron a esta situación", añadió.

El estudio revela también que la gran mayoría de los investigados eran soldados y no mandos. Según el derecho militar y la doctrina de la responsabilidad de mando, los mandos pueden ser declarados responsables de los abusos cometidos por sus subordinados. No obstante, el proyecto de investigación no halló un solo caso en que un mando fuera responsabilizado en virtud de estos principios.

"La investigación de los responsables por los abusos cometidos contra los prisioneros es un fracaso que afecta al mando", declaró la directora de Human Rights First en Washington, Elisa Massimino. "Si no se investiga a los culpables en todos los escalafones de la cadena de mando no habrá ningún efecto disuasivo. Probablemente se sigan cometiendo torturas y abusos como los que hemos revelado", añadió.