Hoy se celebra en todo el mundo el Día de los Derechos de Autor.La polémica está servida en España, donde el Gobierno ha impulsado una nueva normativa que establece un canon de la discordia, que rechazan de plano consumidores, fabricantes, editores de prensa y autores.
Hacía tiempo que una ley no separaba tanto a todos los partidos políticos de la sociedad civil. En escasas ocasiones, se da la circunstancia de que todas las formaciones del arco parlamentario apoyan una norma, como es la Ley de la Propiedad Intelectual (LPI), a la que se oponen todos los agentes que regula: empresas, profesionales, asociaciones de editores de prensa, organizaciones de consumidores e internautas, sindicatos y, en última instancia, los propios autores y entidades que gestionan sus derechos.
PSOE y PP juntos (rara avis), en defensa de una ley que en su proceso parlamentario ya ha pasado por el Congreso, se tramita ahora en el Senado y ha recibido el apoyo sin fisuras de todos los grupos, con la abstención de PNV y ERC. Una norma impulsada por Carmen Calvo, ministra de Cultura, y José Montilla, ministro de Industria, que ha levantado las iras de todos los afectados y que hace aguas por todos los meandros de su articulado.
El motivo de discordia, el canon digital, la tasa con la que se gravarán los dispositivos y soportes digitales (CD, DVD, MP3, escáneres, impresoras, lápices de memoria...) que permitan la copia privada de contenidos. Un canon, cuya introducción elevará el precio de los dispositivos de grabación (CD, DVD...) y reproducción (MP3...) entre un 30% y un 50%, según los casos.
La LPI traslada el modelo tradicional del canon analógico, el que desde 1992 se ha aplicado a los casetes y cintas de vídeo VHS, al mundo digital. Contra la norma, dos bandos enfrentados que coinciden sólo en su oposición a la ley. Mal contexto para una jornada como la de hoy, en la que se celebra el Día Mundial de los Derechos de Autor, efemérides que el miércoles se completa con la celebración del Día Mundial de la Propiedad Intelectual.
Los afectados por la norma están para pocas celebraciones. De un lado, bajo el paraguas de la Plataforma todoscontraelcanon.es, se aglutinan las patronales de la industria de las telecomunicaciones y la electrónica (Aetic, Asimelec, Astel y Anei), las organizaciones de consumidores Ceacu y Facua, la Asociación de Internautas y el sindicato CCOO, entre otras entidades. De otro, las sociedades de gestión de derechos de autor, lideradas por la Sociedad General de Autores (Sgae). En un tercer frente, también en contra de la ley, la Asociación de Editores de Diarios Españoles (AEDE).Bajo este fuego cruzado, los impulsores de la ley se enrocan en mantener un articulado que no gusta a nadie, y por la que están recibiendo calificativos como el de «analfabetos tecnológicos», «faltos de sensibilidad hacia los artistas» o «impermeables a las propuestas del sector».
Los opositores al canon consideran que el Gobierno y el resto de partidos están al servicio de los autores y artistas. Creen que «el canon introduce una múltiple imposición, ya que se pagan los derechos al adquirir el contenido, y se vuelve a pagar por el hecho de almacenarlo en un dispositivo o de moverlo a través de una red de telecomunicaciones».
Industria, consumidores e internautas consideran que equiparar la copia privada a la piratería es falso y demagógico, al igual que pensar que, por defecto, todo dispositivo virgen será utilizado para hacer copia ilegal, idea que subyace en el trasfondo de la ley, que intenta preservar los derechos de los autores a cobrar por la distribución de sus obras, y para ello extiende a todos los intermediarios y consumidores el deber de pagar por cada copia. «Piratería es cuando se hacen copias con ánimo de lucro, como ocurre en el top manta. Pero el Ministerio de Justicia graba todos sus juicios en formato digital, yo guardo mis fotografías en CD y mi currículo, por ejemplo. ¿Por qué tengo que pagar un canon por un dispositivo para grabar mis propias cosas?», se pregunta Edmundo Fernández, responsable del área de Aetic.
Según los cálculos de la patronal, de mantenerse la ley tal como está, el precio medio de un CD virgen se duplicará de los 0,35 euros a 0,7 euros, de forma que el canon será de 0,35 euros.En el caso de un iPod, el famoso reproductor MP3 de Apple, por su gran capacidad de almacenamiento y horas de reproducción, «el canon representará unos 128 euros», sobre un precio total que varía entre los 350 y los 500 euros, según Edmundo Fernández.La patronal calcula que el sector que defiende perderá 200 millones de euros y 10.000 empleos si se implanta el nuevo canon digital.
Aetic avisa que según el articulado de la ley, lo único que por ahora se queda del gravamen son los discos duros, ya que escáneres, impresoras, teléfonos móviles con MP3, agendas electrónicas, cámaras fotográficas digitales, tarjetas de memoria, unidades de disquete, lápices de memoria, grabadores de DVD, nuevas cadenas de alta fidelidad y televisores que ya incorporen disco duro soportarán el canon. Además, el precio, según la ley, se fijará según variables como «la capacidad de almacenamiento, el tiempo de grabación y el tiempo de conservación», dice la LPI. Víctor Domingo, presidente de la Asociación de Internautas, muestra su temor a que «la ley extienda en un futuro el canon a las líneas ADSL y los discos duros».
La AEDE, por su parte, se opone a la reproducción comercial no autorizada del contenido de los periódicos y revistas, que consagra la ley. AEDE pide que la nueva norma reconozca a las empresas editoras no como autores, pero sí como únicos titulares de los derechos de propiedad intelectual de los periodistas, columnistas, etcétera, como la única vía para proteger el derecho de los editores frente a las empresas de press clipping (resúmenes de prensa), que reproducen comercialmente, invocando el derecho de cita, el contenido de los periódicos «lucrándose de forma gratuita» de unos contenidos que no son de su propiedad.
Pero la ley también ha levantado ampollas entre los autores de las obras, que han empezado ha organizarse en plataformas como No hay derecho o todosafavordelcanon.es. Pedro Farré, director de relaciones corporativas de la Sgae, califica la ley de «deficiente y cargada de elementos ambiguos», como, por ejemplo, un periodo transitorio de negociación entre las partes de cuatro meses.Si no hay acuerdo, será el Gobierno el que fije la cuantía del canon.
«Es un retroceso en los derechos conseguidos por los autores, que perderán unos 80 millones de euros al año con la nueva ley.De nuevo, el Gobierno se ha plegado a los intereses de la industria», afirma Farré. Pero el tiempo se agota. La ley volverá al Congreso en 15 días y será aprobada, si sus oponentes no lo remedian.
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UNA TASA INEXISTENTE EN EEUU Y REINO UNIDO
Echar un vistazo a los sistemas que los países desarrollados utilizan para luchar contra la piratería, para defender a su industria y los derechos de sus autores da idea del complicado panorama a debate.
Según CLRA, la Alianza para la Reforma de los Cánones de Derechos de Autor, que aglutina en Europa a todas las plataformas opuestas al canon digital, Estados Unidos, Reino Unido, Irlanda, Luxemburgo y Malta no tienen en estos momentos un sistema para recaudar cánones sobre los derechos de autor en copias digitales. En estos países, al igual que defiende la plataforma española contra el canon, se opta por los sistemas anticopia y las nuevas tecnologías para gestionar los derechos de autor 'Digital Rights Management' en el mundo digital. En todos estos países la copia privada está formalmente prohibida.
Justo en el lado contrario del espectro se sitúan Alemania y Austria, países en los que tanto soportes como equipos están sujetos al canon, si bien éste es «más asequible y ajustado a precios razonables», afirman en fuentes del sector. En Italia, Holanda, Polonia, suiza, Dinamarca, Hungría y Lituania, sin embargo, tienen canon digital los soportes, pero no los equipos reproductores.
La alianza CLRA calcula que en nueve países europeos (ver gráfico adjunto) se ingresarán en 2006 1.570 millones de euros por el canon, que se elevarán a 2.120 millones en 2009. Este año, sólo en España, el canon representará 200 millones, por debajo de los 353 millones de Alemania.
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