Ley de Policía Nacional será aprobada en junio

.

El Ministerio de Interior y Justicia y la Comisión de Política Interior analizan el documento y lo somenten a amplias consultas públicas

Foto: El Mundo

Tras la promulgación de la norma los cuerpos de seguridad dispondrán de un año para adecuarse y transferir las competencias al Ministerio de Interior y Justicia

Yeimy Ramírez Avila

Entre los meses de junio y julio, la Ley de Policía Nacional tendrá luz verde para poner orden en los cuerpos de seguridad. La emergencia parlamentaria que se le dio al instrumento legal, aceleró las consultas y por ello la Comisión de Política Interior se abocó al tema.

El diputado Juan José Molina, vicepresidente de la citada comisión permanente, informó que “desde la instancia se priorizó el proceso de discusión”.

Añadió que están a la espera de los resultados de la mesa técnica de consulta pública y que por esta razón en las sesiones de esta semana no se tratará el tema.

“Teníamos prevista la aprobación en segunda discusión para el pasado 14 de marzo, pero acordamos que la consulta debía ser más extensa y se convino posponerla.

Estamos seguros de que para junio o julio contaremos con esta Ley”, dijo el diputado.

Molina aclaró que con la norma jurídica lo que se busca es “la uniformidad operativa” de los cuerpos policiales y señaló que en su opinión debe existir una única policía bajo un sólo nombre.

Aunque el legislador admitió que la Ley no será la solución definitiva para la inseguridad, señaló que “con la depuración de los cuerpos policiales, la uniformidad de acción, la capacitación profesional y el mejoramiento de la calidad de vida de los policías” se avanzará en favor del esquema de seguridad.

Por su parte, el presidente de la subcomisión de Seguridad Ciudadana, Calixto Ortega, ha reconocido que “el esquema de seguridad en el país ha fracasado”.

Informó que una vez aprobada la Ley, se aplicará la figura de vacatio legis (vacación legal), es decir, que el instrumento será aplicado por partes. “En una primera fase se hará la toma de decisiones y la creación de los organismos nacionales, para luego dar paso a una fase en la que se llevará la Ley a la práctica”, detalló Ortega.

El proyecto contentivo, hasta ahora por 72 artículos, dispone que el Ministerio del Interior y Justicia (MIJ), creará una comisión técnica encargada de efectuar el análisis y la evaluación del personal de los organismos policiales, para iniciar la depuración.

Establece también que el MIJ mantendrá la potestad de tutelar a las más de 200 policías que existen en el país y que las policías estadales y municipales serán de naturaleza preventiva, de atención primaria y promoción comunitaria.

La transformación de los cuerpos de seguridad se dará de forma progresiva y será a través de convenios que se haga la transferencia de los policías estadales y municipales al MIJ.

Tras la promulgación de la ley las autoridades dispondrán de un año para su adecuación.


No es la solución
“La aprobación de una Ley no significa que esté resuelto el problema de la inseguridad” advirtió el copeyano César Pérez Vivas , ex integrante de la Comisión de Política Interior.

Considera que lo importante es la voluntad política y la capacidad con la que se dirija la seguridad del país. “No podemos volver con una policía nacional a un pasado lleno de fracasos”, señaló.

Para el ex diputado la intención del gobierno es la de justificar con esta Ley la falta de control sobre los cuerpos policiales y recordó que el sector oficial “ha desmantelado, intervenido y politizados a los órganos de seguridad”.

“Será nefasta la aprobación de una policía única, porque quedarán concentradas las competencias regionales y estadales”, señaló Pérez Vivas.

Agregó que el gobierno quiere justificar la falta de control sobre la seguridad, imputándoselo a la descentralización.

Para el dirigente de la tolda verde el primer promotor de la impunidad es el presidente Hugo Chávez.

El ex parlamentario de Acción Democrática (AD), Wilfredo Febres, denunció que el gobierno violó la Constitución Nacional cuando nombró a militares como directores de cuerpos civiles. En este sentido, no cree en esa “buena voluntad de depurar los organismos de seguridad”.

Recordó que la competencia que le da la Ley al Ejecutivo es la de coordinación policial, “mal queda entonces una Ley que crea un sólo cuerpo” apuntó.

“Con la Ley de Policía Nacional se vulneran los principios de la Carta Magna cuando dice que Venezuela es un país federal, descentralizado”, denunció Febres.

Para el dirigente el gobierno lo que busca es tapar “el fracaso” en política de seguridad. Agregó que el auge de los delitos más fuertes y repudiados como el secuestro y el asesinato “no quedarán subsanados con leguleyerismos”.

Añadió que cada estado tiene necesidades diferentes y que no se puede aplicar un política de seguridad global, porque quedarán desentendidos problemas puntuales.