Crisis en Puerto Rico: El Gobierno quebró

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El gobernador Aníbal Acevedo Vilá selló ayer con su firma el cierre total de 45 agencias de gobierno y el cierre parcial de otras 15, al afirmar que al Departamento de Hacienda le quedan sólo $1,000 millones para pagar compromisos económicos que sobrepasan los $2,000 millones.

“Ante la inacción (de la Asamblea Legislativa) esta orden ejecutiva dispone que la Rama Ejecutiva tendrá solo el 46% de su presupuesto, la Asamblea Legislativa la mitad, la Oficina de Etica, el Contralor y la Rama Judicial el 75%, la Universidad de Puerto Rico el 25% y la totalidad los $60 millones a los municipios se congelarán porque se trasladarán para subsanar la insuficiencia”, explicó Acevedo Vilá en una rueda de prensa, celebrada en el Teatro de La Fortaleza junto a varios jefes de agencia, en la cual describió el desenlace como “una tragedia”.

La lista de las agencias que cerrarán total o parcialmente quedó plasmada en un documento separado que podría enmendarse según como vayan reportándose los ingresos en Hacienda durante las próximas semanas, admitió una fuente del Ejecutivo.

El mandatario enfatizó, no obstante, que los 95,762 empleados afectados por el cierre patronal mantendrán intacta su cubierta de plan médico y recibirán ayudas por desempleo.

A ellos, dijo, se les entregará un documento de que están en licencia sin sueldo, con el cual podrán solicitar una moratoria en el pago de sus facturas de agua y luz para los meses de mayo y junio y negociar el pago de lo adeudado en cuatro pagos diferidos en facturas siguientes a partir de julio.

Asimismo dijo que la Administración de Seguros de Salud (ASES) negoció con las compañías aseguradoras para que mantengan su cubierta completa a los beneficiarios de la tarjeta del gobierno al menos por el mes de mayo.

“(La negociación para el mes de) junio no ha terminado… pero estamos haciendo esfuerzos para que se continúe dando la cubierta completa”, afirmó.

El plan estructurado por el Ejecutivo dispone, además, que las licencias de vacaciones, maternidad y paternidad serán interrumpidas hasta que los empleados se reinstalen en sus puestos una vez concluya la licencia sin sueldo.

El Departamento del Trabajo, a través del Consejo de Desarrollo Ocupacional y Recursos Humanos, mantendrá operaciones para ayudar a los empleados afectados a gestionar moratorias con sus acreedores y para ofrecerles ayuda sicológica, se informó.

En el caso de los padres que tienen cuentas con la Administración para el Sustento de Menores (ASUME), Acevedo Vilá explicó que podrán dejar sin efecto los mecanismos de cumplimiento para el cobro de atrasos durante tres meses, como una medida especial, y que luego de esto se establecerá un plan de pago al alimentante para el saldo de las pensiones atrasadas.

La orden ejecutiva le exige al secretario de Hacienda, Juan Carlos Méndez, no pagar por bienes ni servicios que se rindan desde el primero de mayo hasta el 30 de junio de 2006, a menos que sea aprobado previamente por el secretario de la Gobernación, Aníbal José Torres.

Además deja en manos de la directora de Gerencia y Presupuesto (OGP), Ileana Fas Pacheco, realizar los ajustes que sean necesarios para cumplir con los desembolsos dispuestos en la orden.

En la conferencia de prensa que se inició pasadas las 5:30 de la tarde, el Gobernador afirmó que el fondo para el pago de reintegros, que el secretario Méndez había dicho que estaba en un fondo de reserva, ya está incluido en el computo de los $1,000 millones de dinero en efectivo que le queda al gobierno en el banco.

La aseveración del Ejecutivo fue en respuesta a un mandamus que en horas de la tarde radicó el presidente de la Cámara, José Aponte, para que el Tribunal Supremo ordene que se use la reserva de reintegros para enfrentar la crisis.

“Esos (los reintegros) no son un ingreso del Estado, pero se están usando, no se están enviando los reintegros”, insistió. “¿A quién le van creer, a Alfredo Salazar o a José Aponte?”, reiteró airado Acevedo Vilá.

Al hacer evidente la falta de confianza que impera entre el Ejecutivo y la Legislatura, Acevedo Vilá recalcó en varias ocasiones durante la conferencia que si los legisladores no querían creerles, que enviarán expertos al Departamento de Hacienda para que “le abran los libros”.

“Solo una mente trastornada podría pensar que esta es una estrategia política”, ripostó a preguntas de la prensa.

Acevedo Vilá reiteró que todo este plan quedará anulado, si la Cámara de Representantes aprueba, antes del domingo, el préstamo de $538 millones, además de la autorización para la línea de crédito de $50 millones. Ambas medidas están sujetas al compromiso de una reforma contributiva con un impuesto al consumo de 7%, opción que el liderato del Partido Nuevo Progresista (PNP) en la Cámara se niega a aceptar, aunque este porcentaje fue propuesto originalmente por ese partido.

Insistió en que está en las manos del pueblo conseguir “esos ocho votos” que evitarían el cierre gubernamental.

Sobre el presidente del PNP, Pedro Rosselló, a quien por las últimas semanas ha señalado como el gestor de la crisis, Acevedo Vilá pidió al pueblo “hacer un ejercicio de disciplina y olvidarnos de él”.

“Le hago el llamado a cada uno de los representantes del PNP, para que vean con sus ojos lo que el Presidente de la Cámara conoce hace meses y no lo ha compartido con ellos”, manifestó el mandatario.

Admitió que ante las promesas de Aponte y el presidente de la Comisión de Presupuesto, Angel Pérez de que al final del camino si hacía falta el dinero para las agencias el préstamo sería aprobado, su administración bajó la guardia y no realizó mayores recortes para el desenlace anunciado ayer.

“El gobierno viene anticipando este déficit de caja hace meses y confiamos en la palabra que nos dieron hace meses de que este día no iba a llegar por que iban a actuar. El día llegó y no actuaron", acotó.