sábado, marzo 04, 2006

Washington refuerza artillería verbal contra Venezuela

Caracas, 4 feb (PL) Estados Unidos reforzó su ofensiva verbal contra Venezuela con una virulencia que hace hoy temer a observadores el paso a un nivel superior del enfrentamiento cuyo propósito es debilitar el gobierno del presidente Hugo Chávez.

El jefe de los servicios de inteligencia estadounidenses, John Negroponte, acusó a Venezuela de injerencia en asuntos internos de otros países, mientras la secretaria de Estado, Condoleezza Rice, insistió en una presunta alianza del país sudamericano e Irán.

Esta semana, Dan Burton, presidente del Subcomité para Asuntos del Hemisferio Occidental, elevó el nivel de las críticas al atribuir un carácter de "amenaza grave y directa para la seguridad nacional", a aspectos de las relaciones exteriores venezolanas.

Maria Teresa Romero, una politicóloga que no respalda las posiciones del presidente Chávez, llamó la atención sobre el escalón que lleva a interpretar como amenaza a la seguridad nacional de Estados Unidos el diferendo.

Según criterios de Romero, expresados en entrevista con Globovisión, una emisora alineada con la oposición al gobierno venezolano, la escalada podría llevar "de las palabras a la acción".

Esta opinión que contradice criterios de políticos de la oposición, quienes consideran las advertencias sobre una posible agresión estadounidense un fantasma enarbolado por las autoridades, es compartida por investigadores como la estadounidense Eva Golinger.

En un análisis reciente, Golinger advirtió sobre la participación de grupos paramilitares colombianos en planes subversivos contra Venezuela, dirigidos desde Estados Unidos.

El eje de la ofensiva estadounidense contra Venezuela parece conformarse alrededor de sus vínculos con Irán, relación a la cual atribuyen una oscura connotación, pese a lo que expresan los acuerdos bilaterales.

Venezuela e irán han negociado acuerdos para la construcción de tractores, automóviles, fabricación de cemento y materiales de construcción y posible explotación petrolera.

Esta semana los dos países firmaron un acuerdo por 404 millones 600 mil dólares para la construcción de 10 mil viviendas, como parte de los esfuerzos por solucionar los problemas habitacionales del país sudamericano.

Asimismo se prevé una inversión de 220 millones de dólares en una fábrica de cemento, 16 millones 200 mil dólares en una planta de ensamblaje de tractores en el estado y un fondo binacional de 200 millones de dólares para proyectos económicos y sociales.

Esta semana también entró en vigencia un acuerdo para la promoción y protección de inversiones de ambos países.

Las perspectivas para los vínculos entre Estados Unidos y Venezuela no se vislumbran halagueñas, a partir de declaraciones del embajador en Caracas, William Brownfield, quien expresó la intención de continuar con las críticas.

Por lo pronto, las autoridades venezolanas reaccionaron con la descalificación de Washington para acusar a otro país de injerencia o de propiciar el narcotráfico, otra de las argumentaciones.

En el caso de Negroponte, el vicepresidente del país, José Vicente Rangel, expresó que el funcionario participó en la represión de hondureños, salvadoreños y nicaraguenses, cuando fue embajador estadounidense en Honduras.

Rangel y el ministro de Interior, Jesse Chacón, recordaron también la participación de Negroponte en el caso Iran-contras, mediante el cual el dinero obtenido con la venta de drogas iraníes se utilizaba en armas a la contrarrevolución nicaragüense.

Ante las acusaciones de favorecer el tráfico ilegal de drogas las autoridades indicaron que desde la salida de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos, Venezuela incrementó en 40 por ciento el decomiso de estupefacientes.

En opinión de Rangel, se trata de una nueva escalada de la agresión, que el ministro de Comercio Exterior, Gustavo Márquez, adelantó que podría llegar al bloqueo.

Márquez, quien rechazó condicionamientos políticos al comercio, recordó que actualmente ya Washington obstaculiza compras de aviones y barcos en Brasil y España.

En opinión de Rangel, las nuevas acciones demuestran que las agresiones provienen del presidente George W. Bush, en la continuación de una política -dijo- genocida y de violación del derecho internacional.

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