El Consejo Constitucional decidió por un dictamen favorable "sin reservas" sobre la Ley de Igualdad de Oportunidades, que incluye los controvertidos Contratos Primer Empleo (CPE). El presidente Jacques Chirac cuenta ahora con nueve días para promulgar el texto, lo que previsiblemente hará mañana mismo, a pesar de las protestas que se multiplican en todo el país contra este nuevo "contrato joven".
El jefe del Estado podría devolver el texto al Parlamento, a pesar del examen favorable de los sabios del Consejo Constitucional, para que hubiese una relectura durante estos nueve días. Sin embargo, la hipótesis más probable es que Chirac opte por estampar su rúbrica y que la ley entre en vigor mañana mismo.
El presidente ha apoyado repetidamente la iniciativa del plan de empleo juvenil, aunque todavía no se ha pronunciado oficialmente. Esta intervención tendrá lugar en los próximos días, posiblemente mañana viernes, para explicar a sus ciudadanos si decide pedir una revisión a la Asamblea o si, como parece factible, opta por aprobar un texto contra el que se pronuncia un 92 por ciento de los franceses, según los últimos sondeos.
Dimisión de Villepin
El diario "Le Parisien" afirma hoy que Villepin amenazó al jefe del Estado con su dimisión si éste accedía a retirar, suspender o desnaturalizar el polémico proyecto. La sustitución de Villepin, de su máxima confianza, nombrado el pasado junio y a un año de las presidenciales supondría un final de mandato calamitoso para el veterano presidente francés.
Los contratos jóvenes, que podrán ser firmados por las empresas de más de 200 trabajadores, incluyen un periodo de prueba de 24 meses para los menores de 26 años, cuya tasa de paro es del 23% en Francia. Durante ese lapso, el empleador puede rescindir el contrato sin estar obligado a aportar una justificación.
El primer ministro, Dominique de Villepin, ha multiplicado hoy las reuniones con sus ministros, entre ellos con el "número dos" del Ejecutivo, Nicolas Sarkozy, hasta ahora en desacuerdo con su estrategia. El objetivo es concertar la estrategia entre el Elíseo y el Gobierno de cara a los próximos días.
El ministro de Empleo, Jean-Louis Borloo, reiteró en la Asamblea Nacional la estrategia de firmeza del Ejecutivo, al "recordar" que "en la Constitución, la palabra retirada no existe, y la palabra suspensión no entra dentro de las competencias de nadie, ni del primer ministro ni del presidente".
El Consejo Constitucional revisó el texto tras un recurso de inconstitucionalidad presentado por el Partido Socialista. Paradójicamente, si esta alta instancia hubiese decidido devolver la norma a la Asamblea Nacional, habría ofrecido una nueva posibilidad de acuerdo a Gobierno y sindicatos que ahora ya se antoja casi imposible.
Mientras tanto, según datos oficiales, 556 institutos y 58 universidades siguen bloqueados por la movilización contra los nuevos contratos, a pesar de las llamadas del ministro de Educación a las autoridades educativas para que se retomase la actividad en Secundaria y en los campus. El ministro de Educación, Gilles de Robien, exigió hoy a los rectores que tomen las medidas necesarias para que "recomiencen las clases porque los exámenes se acercan".
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