Cuenca, marzo 27 del 2006 (Altercom)
MANIFIESTAN:
1.-La Defensoría del Pueblo es la Instancia delegada por el Estado para
la defensa de los derechos humanos en el País; en consecuencia, es
responsabilidad de sus máximos personeros ACTUAR CON TRANSPARENCIA ÉTICA Y
RESPONSABILIDAD PARA QUE NO SE IRRESPETEN LOS DERECHOS BÁSICOS DE LOS
ECUATORIANOS.
2.- Las GRAVES ACUSACIONES DE LA COMISIÓN DE CONTROL CÍVICO DE LA
CORRUPCIÓN, EN CONTRA DEL DEFENSOR DEL PUEBLO, SOBRE PECULADO Y TRÁFICO DE
ÓRGANOS, exigen la investigación más profunda, frontal y transparente,
con la veeduría de organizaciones, de carácter nacional e internacional
defensoras de derechos humanos.
3.- Los medios de comunicación han denunciado el ESCANDALOSO TRÁFICO DE
INFLUENCIAS EN LA PROVISIÓN DE CARGOS PÚBLICOS; dejando en claro que la
cuestionada elección de Claudio Mueckay, como Defensor del Pueblo,
respondió a una censurable componenda que negó los más elementales
principios democráticos, haciendo prevalecer los intereses particulares y de
grupo, en contra del interés nacional de una nominación seria y
responsable. A consecuencia de ello organismos de derechos humanos de Quito han
planteado reclamaciones constitucionales cuya resolución aún está
pendiente.
4.- Es del todo CENSURABLE LA POSICIÓN DE LOS DIPUTADOS BENEFICIARIOS
DE CARGOS Y PREBENDAs, al llamamiento a juicio político, del funcionario
en mención acusado de graves irregularidades. En virtud de ello,
haciendo uso de la facultad constitucional «…de fiscalizar los actos de los
órganos del poder público», EXHORTAMOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DEL
ESTADO, para que realice las auditorias correspondientes, encaminadas a
demostrar en forma clara y objetiva, el destino de los fondos públicos
manejados desde la Defensoría del Pueblo, especialmente los relacionados
con el área de emigrantes, «ayudas» y repatriación de cadáveres.
5.- En este contexto se produce la SEPARACIÓN INTEMPESTIVA DEL DR. LUIS
URGILÉS CONTRERAS, DEL CARGO DE COMISIONADO DE LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO
DEL AZUAY, acto calificado como ilegítimo por el Tribunal de lo
Contencioso Administrativo No. 3 del Azuay, organismo que «…suspende los
efectos del acto administrativo impugnado y dispone que se reintegre al
recurrente al cargo del que fue separado arbitrariamente…». Siendo el
Defensor del Pueblo garante de derechos y estando llamado a «defender y
excitar la observancia de los derechos fundamentales», exigimos que respete
la juridicidad, acatando el fallo legítimo del Tribunal antes
mencionado.
El FRENTE DE ORGANISMOS DE DERECHOS HUMANOS, permanecerá vigilante del
desarrollo de los acontecimientos para impulsar las acciones que
coadyuven al esclarecimiento de los actos de corrupción y la sanción a los
responsables.
Mons. Luis Alberto Luna Tobar
PRESIDENTE DEL FEDHU
Y DEL FRENTE DE DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS DEL AZUAY
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ALTERCOM
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