miércoles, febrero 22, 2006

Cancelada una ejecución en EEUU porque nadie quiere inyectar

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Fotografía sin fecha del condenado a muerte Michael Morales difundida el martes por las autoridades penitenciarias de California.
SAN FRANCISCO, EEUU (AFP) - La prisión estadounidense de San Quintín canceló el martes la ejecución de un reo condenado a muerte al no encontrar ningún médico, enfermero o anestesista en toda California que aceptara suministrarle una inyección letal... con barbitúricos, para que no sintiera dolor.

Un juez había ordenado que la ejecución no se llevara a cabo a menos que médicos expertos certificaran que Morales estaba sedado como para no sentir dolor durante el suministro de la droga en la dosis final. Las autoridades de la conocida cárcel, situada frente a la bahía de San Francisco, optaron por modificar la inyección con una sobredosis de barbitúricos, en lugar de la droga usualmente administrada, que puede causar agonía. Pero los anestesistas se negaron a poner la inyección, apelando a su conciencia.

"Lo que nos están pidiendo es éticamente inaceptable", señalaron en un comunicado entregado a la prensa por la prisión. La orden judicial para ajusticiar a Morales expiraba el martes y la cárcel notificó a un Tribunal Federal de Apelaciones que no podían cumplir con la orden del juez de encontrar a un profesional sanitario que inyectara la sobredosis de barbitúricos a Michael Morales, de 46 años, condenado por el asesinato y la violación de la adolescente de 17 años Terri Winchell.

El gobernador de California, Arnold Schwarzenegger, negó dos solicitudes para conmutar la sentencia por una cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Los tribunales también rechazaron todas las solicitudes del preso. Morales estranguló a Winchell con un cinturón, la golpeó en la cabeza con un martillo, la cargó hasta un viñedo en la ciudad de Lodi y la violó, señaló Schwarzenegger para explicar su rechazo a las peticiones de clemencia.

La justicia estadounidense prevé revisar en varios meses el proceso de la inyección letal ante las críticas de que podría provocar dolor, lo que sería inconstitucional. De haber encontrado sanitarios dispuestos a poner la inyección, Morales habría sido el tercer preso de California en ser ejecutado en los últimos tres meses y el decimocuarto desde que se reinstaló la pena capital, en 1978.

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