domingo, enero 08, 2006

A pesar de ley que lo prohibe, Bush se reservará el derecho de ordenar torturas

Washington, 7 ene - Pese a firmar un proyecto de ley que prohibe torturar a detenidos, el presidente George W. Bush ensaya una fórmula para evadir subrepticiamente la normativa impulsada por una coalición de congresistas.

 

El diario Boston Globe aclaró hoy que, tras la rúbrica, el Jefe de Estado decidió presentar una opción ejecutiva que le otorga el derecho a una llamada declaración de firma, según la cuál el primer mandatario expone su propia interpretación de la nueva ley.

 

En síntesis, el gobernante indicó que se reservará el derecho de ordenar torturas. Según sus maniobras, Bush imagina que puede evadir las restricciones en contra del maltrato a prisioneros, comentó el periódico.

 

A raíz de su declaración de firma, el Presidente expresó que "considerará los límites en los interrogatorios en el contexto de sus poderes más amplios para proteger la seguridad nacional".

 

David Golove, profesor de derecho de la Universidad de Nueva York, criticó los argumentos del Ejecutivo y aseguró que significan que "sólo obedecerá la ley cuando quiera. Si surge algo inconveniente para Bush, la norma no lo detendrá".

 

Tras meses de controversias, un mar de críticas internacionales, e intercambios de concesiones, la Casa Blanca alcanzó el mes pasado un acuerdo con el Congreso para abonar una interdicción contra la tortura de prisioneros.

 

Fuentes legislativas indicaron que el senador republicano John McCain se reunió con el presidente George W. Bush, como corolario del convenio logrado entre ambos poderes políticos estadounidenses.

 

En aquel momento, el pacto representó una derrota para Bush, porque durante meses la administración republicana había rechazado el proyecto de prohibir explícitamente el tratamiento inhumano, cruel o degradante de detenidos acusados de terroristas.

 

McCain y el gobierno negociaron holgadamente en busca de una receta de compromiso que contentara a las dos partes. Finalmente, la mayoría del Congreso se inclinó por respaldar al senador, veterano de guerra.

 

La enmienda condenaba el trato brutal o indigno a cualquier individuo en poder de agentes federales de Estados Unidos, sin considerar el sitio o país donde estuviese el sujeto bajo custodia.

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