A raíz de esto, la propuesta volvió al Senado donde fue aprobado el nuevo
plazo.
La legislación, conocida como "Ley Patriota", fue formulada durante el primer
gobierno del presidente Bush, tras los atentados del 11 de septiembre de 2001.
Algunas de las disposiciones de esta ley caducan a finales del presente año.
La decisión de extender la "Ley Patriota" por poco más de un mes, refleja la creciente preocupación que existe respecto al efecto que las mismas pueden tener en los derechos civiles.
Esta controvertida ley amplía los poderes del gobierno estadounidense para indagar en los archivos privados de cualquier ciudadano.
Los artículos más polémicos se refieren a la intercepción de llamadas telefónicas y al acceso a registros individuales en empresas, hospitales y bibliotecas públicas.
La oposición demócrata y algunos republicanos consideran que la ley viola los derechos civiles.
Antes de que se hablara de una extensión por seis meses, el gobierno del presidente Bush había manifestado su deseo de que la ley fuese extendida indefinidamente.
La decisión final sobre la prorroga, se tomó luego que el mandatario estadounidense elogiara en público la extensión previa -de seis meses- diciendo que "la amenaza terrorista a Estados Unidos" no expiraría en ese plazo, pero que estaba "ansioso por continuar el trabajo con el Congreso para volver a autorizar la Ley Patriota".
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